Los Estados deben garantizar un sistema de seguridad social público y universal para todos los trabajadores y trabajadoras latinoamericanos
• Líderes sindicales de todo el continente, así como representantes de la administración pública y de los sindicatos españoles, se reunieron en Madrid los días 30 y 31 de marzo, para analizar las estrategias sindicales en Seguridad Social para América Latina.
• El encuentro fue organizado por el ISCOD, UGT y la Confederación Sindical de las Américas (CSA), contando con el patrocinio de diversas entidades públicas y privadas.
• La declaración final suscrita advierte que ni la salud de los trabajadores y trabajadoras, ni sus pensiones, pueden ser una mercancía y rechaza el sistema mercantilista de fondos privados.
Tres de cada cuatro trabajadores y trabajadoras latinoamericanos no gozan de protección social. Los elevados índices de informalidad laboral, junto a la debilidad económica y de las políticas públicas, hacen que la inmensa mayoría de los trabajadores y, sobre todo, de las trabajadoras y los jóvenes, no tengan reconocida ninguno de los nueve derechos que recoge el Convenio 102 de la OIT, redactado en 1952: asistencia médica; enfermedad; desempleo; vejez; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; asignaciones familiares; maternidad; invalidez; y viudedad.
Los intentos de reforma emprendidos por los gobiernos latinoamericanos en los últimos años, siguiendo el ejemplo de los países desarrollados, han fracasado. En especial, el recurso a la iniciativa privada a través de fondos de pensiones, que han contribuido al “sobre-expansión del negocio financiero”, como se recoge en la declaración final del Encuentro. Según el experto de la Fundación Friedrich Ebert, Carmelo Mesa-Lago, la crisis financiera ha supuesto la pérdida de ahorro –en el acumulado de los trabajadores, no en las ganancias de las administradoras- de entre el 25% y el 45% en Argentina, Brasil, México y Chile, lo que ha llevado al reforzamiento de las políticas públicas.
Seguridad social como derecho fundamental
En ese sentido, la Declaración final suscrita por los representantes de organizaciones sindicales de 15 países latinoamericanos advierte a los gobiernos de que la seguridad social es un derecho humano fundamental, por lo que los Estados deben ser garantes, gestores y administradores de sistemas públicos y universales que alcancen a todos los trabajadores.
Además, se afirma que en ningún caso se pueden convertir en mercancía ni la salud de los trabajadores y trabajadoras ni sus pensiones, por lo que se rechaza el recurso a la privatización de la protección social. Los firmantes se reafirman en el contenido de la Plataforma Laboral de las Américas en 2005 en la que se llama a crear un modelo de seguridad social integral, solidario, redistributivo, universal y con la responsabilidad del Estado que contribuya a equilibrar la sociedad proporcionando garantía de protección para todos los trabajadores.
Lograr la universalización de los sistemas públicos de seguridad social pasa, para las organizaciones sindicales, por fortalecer la intervención pública, abrir la planificación y la gestión a los representantes de los trabajadores y llevar a cabo profundas reformas legislativas. Entre otros aspectos, se reclama la obligatoriedad de registro de todas las empresas y trabajadores autónomos (muchos de ellos y ellas en economía informal), poniendo en marcha regímenes contributivos y no contributivos adecuados a sus particularidades integrado en un sistema solidario que garantice una cobertura mínima.. Además, se hace un llamamiento para la reforma de las políticas fiscales que graven las ganancias y el patrimonio, reduciendo en paralelo el peso de los impuestos indirectos.
Entre otros aspectos, por último, se reclama también la implementación urgente del Convenio Multilateral Iberoamericano suscrito en Chile en 2007, dado que la repatriación de inmigrantes hace necesario asegurar la acumulación de los períodos de cotización evitando las pérdidas de derechos.
Las organizaciones sindicales se comprometen igualmente a trabajar ante las autoridades públicas de sus países para que el debate sobre seguridad social se incluya en la agenda de la III Cumbre Iberoamericana de Interlocutores Sociales, que tendrá lugar en septiembre de 2009 en Portugal.
El seminario contó con la financiación de:
• El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de:
- La Secretaría de Estado de la Seguridad Social
- El Instituto Social de la Marina
- El Instituto Nacional de la Seguridad Social
• La Fundación Friedrich Ebert
• La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones Públicas (FIIAP)
• La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Además, contó con la colaboración de:
• El Centro Internacional de Formación de la OIT (Turín). Proyecto de Seguridad Social para Organizaciones Sindicales-SSOS (OIT-MTI)
• Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
• Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
Para más información se puede consultar el texto completo de la declaración
Documentación del Encuentro: